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Pronunciamiento sobre la situación de los indígenas de la amazonía peruana

junio 17, 2009
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Adhesión del GIIM al llamado de adhesión a la protesta sobre los recientes atentados ocurridos en Perú.

Pronunciamiento de la Comunidad Académica
A la Comunidad Internacional
A los Ciudadanos Peruanos
Al Estado del Perú
Para adherirse a este pronunciamiento mandar su nombre, nacionalidad, y afiliación institucional a
pronunciamientoamazonia@gmail.com

En la madrugada del 5 de Junio de 2009 empezó un violento enfrentamiento entre las llamadas fuerzas del orden del Estado Peruano y un grupo numeroso de ciudadanos peruanos Awajún. El objetivo de los primeros era desbloquear la carretera Fernando Belaúnde Terry, en el tramo llamado “La Curva del Diablo” cerca del pueblo de Bagua—en la selva Norte del Perú. Los segundos ejercían control de esa carretera como parte de la movilización pacífica y masiva en la que desde el 9 de Abril de este año participaban los pobladores de la Amazonía Peruana, desde la frontera con Colombia hasta la frontera con Bolivia. Los ciudadanos Peruanos habitantes de la Amazonía protestaban principalmente en contra del Decreto Legislativo 1090, pero también en contra de otros (1020, 1084,1069), con los cuales el Gobierno de Alan García quiere facilitar “el desarrollo de industrias extractivas” (petróleo, otros minerales, y biocombustibles) en los mismos territorios de los cuales viven decenas de grupos indígenas y no indígenas, quienes los usan para la pesca, agricultura, caza y recolección. Los pobladores de la Amazonía protestaban no sólo la transformación y eventual destrucción de sus recursos y de su forma de vida; también—y esto es muy importante—protestaban la inconstitucionalidad del D.L. 1090 pues su promulgación viola el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, norma con rango constitucional, que el Gobierno del Perú ha suscrito y que establece la consulta previa a los pueblos que habitan en esos territorios. La consulta previa no se realizó—por ello, los DL no son constitucionales. La indudable legalidad de la protesta contra la inconstitucionalidad de los DL sostenía el proceso llamado por los indígenas.
Durante más de 50 días la movilización en la Amazonía peruana se caracterizó por ser un evento masivo y pacífico. Era una medida de ejercicio de derechos ciudadanos para denunciar la inconstitucionalidad de varios decretos leyes que violan un acuerdo internacional suscrito por el Perú. Es decir, era una medida con la que los indígenas pedían a los representantes del Estado que cumplieran su propia legislación. Además de las protestas pacíficas en la Amazonía, la medida incluía esfuerzos muy visibles de la dirigencia indígena para lograr sus objetivos legalmente, solicitando al Presidente del Congreso de la República del Perú que se debata el mencionado DL, para lograr su derogatoria. Las múltiples solicitudes de diálogo hechas por los indígenas fueron ignoradas. También lo fueron los Obispos de la Amazonía y la Conferencia Episcopal instituciones que apoyaban la solicitud de diálogo de los indígenas. El Gobierno respondió de manera autoritaria; el 9 de Mayo declaró Estado de Emergencia en varias ciudades de la Amazonia. Sucesivamente, utilizando ideas de comienzo del Siglo XX, argumentó con ignorancia arrogante que los indígenas eran manipulados e hizo caso omiso a sus derechos ciudadanos. El jueves 4 de Junio, cuando la defensoría del Pueblo—órgano oficial del Estado peruano—había ya interpuesto una demanda de inconstitucionalidad contra el mencionado decreto, una sesión del Congreso Peruano decidió de manera definitiva cancelar la posibilidad de debate sobre la derogatoria de los DL. Con esta medida, la inconstitucionalidad prevaleció sobre el debate democrático. El Gobierno decidió no sólo ignorar a los indígenas sino desconocer la Constitución Nacional. Al día siguiente, el viernes 5 de Junio, las fuerzas policiales dieron inicio al desalojo de la mencionada carretera y lo que fue un esfuerzo pacífico se convirtió enfrentamiento violento. Al momento de escribir estas líneas, 9 de Junio, no existe información precisa acerca de los eventos. No se conoce el número exacto de muertos—algunas fuentes mencionan cerca de cien muertos. La cifra más conservadora indica 33. El número de heridos llega hasta 150, según algunas fuentes. Los números incluyen indígenas, no indígenas, policías y civiles. No se sabe quién empezó el tiroteo en el proceso de desalojo de la carretera. La versión oficial dice que fueron los indígenas; estos dicen que ellos no tenían armas.
Obviamente el problema no es quien disparó la primera bala el viernes 5 de Junio. El problema es la violencia desencadenada desde entonces y las muertes que causó. Era deber del Estado evitar esa violencia. Los responsables de las muertes y de la violencia son quienes, desde el Estado, decidieron en contra de la Constitución; quienes desde el Estado pudieron evitar la muerte y aceptar el diálogo y no lo hicieron. Los responsables de las muertes ocurridas desde el 5 de Junio son quienes, desde el Legislativo y el Ejecutivo, debieron tomar en serio, como ciudadanos sujetos de derecho, a quienes pedían al Estado Peruano que respete su propia Constitución y no lo hicieron. La obstinada violación de la Constitución desde el propio Estado, ha tenido como consecuencia la transgresión de los derechos humanos de los civiles y policías, víctimas de la violencia que un Gobierno responsable y respetuoso del Estado de Derecho pudo haber evitado.
Por la presente pedimos al Estado Peruano, a todas sus instituciones competentes y a las que les corresponda participación en el conflicto más allá del Presidente de la República:
a) Que el Estado Peruano respete su propia suscripción del Convenio 169 y derogue los Decretos Legislativos inconstitucionales;
b) Que respete la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, firmada por Perú, en particular el derecho al consentimiento libre, previo e informado y el derecho a la tierra y uso de los recursos naturales (Artículos 26, 29 y 32 entre otros);
c) Que cumpla con las sentencias y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos a la tierra de los pueblos indígenas y su consentimiento libre, previo e informado;
d) Que cese el estado de sitio, la militarización de la zona y se respeten los derechos humanos de mujeres, hombres y niños/as;
e) Que se otorguen garantías nacionales y se organice presencia internacional para que los pueblos indígenas de la Amazonía Peruana retornen a la negociación pacífica de sus reclamos.
f) Que cese la persecución política de los políticos indígenas que actuaban en defensa de la Constitución de la Nación;
g) Que Alan García rinda cuentas ante el pueblo peruano y la comunidad internacional y conteste verazmente a las preguntas: ¿Por qué no aceptó el diálogo que los indígenas pidieron tantas veces? ¿Por qué el Congreso decidió no someter a debate la derogatoria de los Decretos Leyes el Jueves 4 de Junio? ¿Por qué militarizó el conflicto en vez de realizar una consulta democrática como proponían los indígenas Amazónicos?¿Por qué no respetó los derechos ciudadanos de los indígenas?
Para adherirse a este pronunciamiento mandar su nombre, nacionalidad, y afiliación institucional a:
pronunciamientoamazonia@gmail.com

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